La polémica que en las últimas semanas ha rodeado a Enes Kanter Freedom, la WNBA y la participación de atletas trans en el deporte femenino estadounidense ha terminado abriendo una cuestión bastante más amplia que la propia figura del exjugador NBA: ¿tienen las grandes organizaciones del baloncesto suficientemente definidas sus reglas de elegibilidad para la categoría femenina?
La pregunta no nace únicamente de las declaraciones de Kanter. Tampoco de las posiciones enfrentadas entre algunas jugadoras de la WNBA. Tiene que ver con un problema que el deporte estadounidense lleva varios años afrontando y que el baloncesto europeo ya se encontró de forma directa hace tiempo.
En el caso de la WNBA, la situación resulta especialmente llamativa porque su nuevo convenio colectivo establece que «solo las jugadoras que sean mujeres» pueden participar en la competición, pero no añade públicamente una definición que determine qué criterio debe utilizarse para establecer esa condición. El acuerdo tampoco contiene una política específica sobre atletas trans.
La propia comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, reconoció este verano que la cuestión estaba siendo objeto de conversaciones entre la liga y la asociación de jugadoras. Engelbert defendió que las reglas de elegibilidad de la WNBA son negociadas colectivamente y que la integridad de la competición y la igualdad competitiva seguirán siendo prioridades, pero insistió también en que se trata de una cuestión compleja y que las conversaciones continuarían.
El problema adquirió una dimensión inesperada cuando Kanter y el exjugador NBA Royce White anunciaron su intención de presentarse al Draft WNBA de 2027 después de declarar públicamente que se identificaban como mujeres. La liga determinó posteriormente que ninguno de los dos era elegible, según fuentes citadas por Reuters y otros medios, pero no hizo público un criterio reglamentario detallado que explicara por qué.
Kanter ha aprovechado precisamente esa falta de definición para mantener su campaña pública. En una intervención televisiva reciente llegó a sostener que, mientras la WNBA no defina expresamente qué entiende por mujer, él considera que puede reclamar su elegibilidad a partir del artículo 13, sección 1, del convenio.
La controversia tampoco se ha quedado en los despachos. Sophie Cunningham fue una de las primeras jugadoras de la WNBA en pronunciarse públicamente sobre la participación de atletas trans en el deporte femenino, desencadenando una fuerte reacción en redes sociales y dentro del entorno de la liga. Después llegaron el enfrentamiento entre Kanter y Natasha Cloud durante un partido de Chicago Sky y las nuevas declaraciones de Cameron Brink, que calificó el debate de «non-issue» y acusó a quienes lo impulsan de atacar a la comunidad trans.
Incluso Charles Barkley ha entrado en el debate. El exjugador y actual analista ha expresado su decepción con Adam Silver y Cathy Engelbert por lo que considera una falta de claridad y liderazgo en la gestión pública del asunto. Barkley defendió al mismo tiempo su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y su posición contraria a que hombres compitan contra mujeres en el deporte profesional.
Pero existe un dato que conviene colocar en el centro de cualquier análisis: la WNBA no ha tenido una mujer trans compitiendo en sus 30 años de historia. La propia liga sostiene que actualmente no existe ningún problema inmediato de elegibilidad que esté afectando a la competición. Y precisamente ahí aparece el debate.
La WNBA puede argumentar que no tiene sentido legislar sobre un supuesto que no se ha producido y que está trabajando con la asociación de jugadoras para establecer cualquier eventual modificación dentro del marco del convenio colectivo. Pero también puede plantearse la pregunta contraria: ¿no es precisamente ahora, antes de que aparezca un caso real, cuando resulta más sencillo establecer unas reglas claras, conocidas por todos y aplicables con independencia de quién sea la persona que solicite una licencia?
El deporte universitario estadounidense ha tomado ya una decisión mucho más concreta. En febrero de 2025, la NCAA modificó su política de participación y restringió la competición femenina a estudiantes-atletas asignadas mujeres al nacer. Los deportistas asignados hombres al nacer pueden entrenar con equipos femeninos y recibir determinados servicios, pero no competir en la categoría femenina.
La decisión llegó en un contexto político y jurídico especialmente intenso en Estados Unidos, donde durante los últimos años diferentes estados han aprobado normas destinadas a limitar la participación de mujeres trans en categorías deportivas femeninas. El debate ha trascendido además el ámbito universitario y ha alcanzado a las principales instituciones deportivas del país.
En Europa la situación es igualmente compleja, pero existe un elemento que desmonta cualquier idea de que se trate de una discusión exclusivamente estadounidense: FIBA lleva años trabajando en su propia política de elegibilidad. Y ahí aparece un antecedente especialmente significativo para España. En 2023, Kendall Martin, entonces jugadora de 18 años del CEEB Tordera UniGirona, pudo competir en Cataluña porque la normativa deportiva catalana permitía tramitar su licencia atendiendo a la documentación legal de la jugadora. El problema apareció cuando su equipo se clasificó para la fase de ascenso a Liga Femenina 2, competición dependiente de la Federación Española de Baloncesto.
La FEB comunicó al club que, siguiendo las directrices de FIBA, no habilitaría la ficha de Martin para esa competición mientras la federación internacional no estableciera un protocolo específico. Martin había disputado previamente 15 partidos con el equipo en la competición catalana y había participado en la conquista de la Copa Catalunya.
El caso dejó al descubierto una paradoja especialmente relevante: una jugadora podía ser considerada apta para competir en una competición autonómica y, al mismo tiempo, no ser habilitada para hacerlo cuando su equipo accedía a una competición de ámbito estatal.
La explicación de la federación catalana era que su normativa se regía por la legislación deportiva catalana, mientras que la FEB aplicaba las recomendaciones de FIBA. El organismo internacional, en aquel momento, todavía estaba estudiando qué criterios debían utilizarse y recomendaba a las federaciones abstenerse de tomar decisiones definitivas hasta disponer de un marco propio.
Más de tres años después, FIBA todavía no ha cerrado esa política. En diciembre de 2024, su Junta Central decidió ampliar otros dos años el proceso de revisión de una política formal de elegibilidad para personas trans. FIBA está recopilando datos específicos del baloncesto y evidencia médica y científica, mientras un Comité de Elegibilidad de Género compuesto por expertos médicos y jurídicos prepara sus recomendaciones.
La previsión actual es que ese comité presente sus conclusiones a la Junta Central a comienzos de 2027. Hasta entonces, FIBA afirma que no tramitará solicitudes de elegibilidad de personas transgénero en sus competiciones.
FIBA sí ha establecido una referencia concreta para el movimiento olímpico. Después de que el Comité Olímpico Internacional aprobara en marzo de 2026 una nueva política sobre la protección de la categoría femenina, FIBA confirmó que seguirá esa política en los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos de la Juventud, a la espera de nuevas directrices del COI sobre su aplicación práctica, jurídica y operativa. Para sus propias competiciones, sin embargo, mantiene abierta la revisión.
No todo el baloncesto europeo ha optado por esperar. Basketball England aprobó en 2025 una política de participación y elegibilidad mucho más concreta. La federación establece que las personas trans asignadas hombre al nacer y las personas no binarias cuyo sexo biológico sea masculino no pueden competir en la categoría femenina de sus competiciones. La norma permite, en cambio, la participación en categorías mixtas y establece criterios específicos para determinadas situaciones relacionadas con el uso de testosterona.
La decisión inglesa llegó después de una revisión iniciada en 2024 y acelerada por el pronunciamiento del Tribunal Supremo británico sobre el significado legal de «mujer» en la legislación de igualdad. Basketball England subraya que su política afecta a sus propias competiciones y no a los torneos organizados por FIBA o por la federación británica.
El contraste resulta evidente. Mientras Basketball England ha establecido un criterio definido, FIBA mantiene su política en estudio hasta 2027. Mientras la NCAA estadounidense ha restringido explícitamente la categoría femenina a deportistas asignadas mujeres al nacer, la WNBA utiliza en su convenio una fórmula mucho más abierta: «solo las jugadoras que sean mujeres».
No se trata de decidir aquí cuál de esas soluciones es la correcta. Tampoco de afirmar que WNBA o FIBA estén obligadas a copiar las decisiones de otras organizaciones. Cada competición tiene su marco jurídico, sus convenios colectivos, sus responsabilidades y sus circunstancias.
Pero sí existe una cuestión que parece cada vez más difícil de evitar: la falta de concreción puede convertirse en un problema en sí misma. El caso de Kendall Martin demostró en España que una indefinición puede terminar provocando que una jugadora tenga una situación diferente dependiendo de la competición en la que participe. El caso Kanter demuestra ahora que una redacción abierta puede ser utilizada públicamente para cuestionar la interpretación de las reglas de una liga profesional.
Y el contexto exterior tampoco permanece inmóvil. La NCAA ya ha tomado una decisión. El Reino Unido ha visto cómo el debate llegaba a su Tribunal Supremo. El COI ha aprobado una nueva política. FIBA ha optado por continuar estudiando el asunto hasta 2027. Y la WNBA ha creado espacios de discusión mientras insiste en que no existe actualmente un caso de elegibilidad que requiera una resolución inmediata.
Quizá la cuestión que debería plantearse el baloncesto no sea únicamente qué hacer cuando llegue el primer caso. Quizá también debería preguntarse si es mejor llegar a ese momento con las reglas ya escritas. Porque una cosa es tomarse el tiempo necesario para estudiar una cuestión extraordinariamente compleja y otra muy diferente es que, cuando finalmente aparezca un caso real, las instituciones tengan que empezar a decidir mientras la polémica ya está en marcha.
La WNBA y FIBA todavía tienen margen para evitar ese escenario. La primera porque no ha tenido hasta ahora un caso real de este tipo. La segunda porque ha decidido utilizar hasta 2027 para completar su revisión.
Pero el episodio Kanter ha demostrado algo que probablemente ninguna de las dos organizaciones puede ignorar ya: incluso antes de que exista un caso deportivo real, la falta de una definición suficientemente concreta puede convertirse en el propio centro del debate.